Luis nos ha hecho llegar el manifiesto de la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa (ADHSO), contestando a la propuesta de la Comunidad de Madrid de incluir curas en los comités de ética de los hospitales públicos madrileños, que os copiamos:
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Ante la información hecha pública por la cadena SER sobre la existencia de un Convenio, firmado el 2 de enero de 2008 por el consejero Güemes y el obispo auxiliar de Madrid, Herráez Vegas, que atribuye a los capellanes católicos de los Centros Hospitalarios funciones que exceden la de ofrecer servicios religiosos y de culto a quienes los soliciten, la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA (ADHSO), manifiesta a la opinión pública lo siguiente:
La Ley General de Sanidad y la más reciente, de Autonomía del paciente, configuran al ciudadano como único dueño de sus decisiones, siendo su voluntad prevalente incluso sobre la opinión técnica de los profesionales sanitarios, con la única salvedad de incapacidad legal o riesgo social.
La Constitución Española en sus artículos 14 y 16.1 establecen como derecho fundamental de las personas la libertad ideológica y religiosa y prohíbe cualquier forma de discriminación por razones de opinión o cualquier otra circunstancia personal o social y, en su artículo 54 obliga a todos los poderes públicos a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
La cláusula 2ª del aludido convenio, que hace formar parte del Comité Ético y de los Equipos Interdisciplinares de Cuidados Paliativos al Servicio de Asistencia Religiosa Católica, conculca los derechos arriba indicados en cuanto que otorga a la opinión de los capellanes católicos un peso ilegítimo en la toma de decisiones que alcanzarán no sólo a los católicos y genera, además, una discriminación respecto a otras confesiones, incompatible con el estado aconfesional que consagra el artículo 16.3 de la Constitución.
Esta discriminación afecta también a los ciudadanos individuales al determinar el Convenio en su cláusula 16ª que esta ingerencia religiosa católica se ejerza sólo sobre los pacientes de los servicios sectorizados de carácter público y no de los pacientes “privados” en los centros que tengan esa titularidad.
Que la cláusula 8ª contraviene el derecho a la intimidad recogido en el artículo 18.1 de la carta magna, y los artículos 2.1 y 7.1 de la Ley 41/2002 (Ley de Autonomía del Paciente) al establecer que las direcciones y los restantes servicios de los centros hospitalarios “facilitarán… las oportunas informaciones sobre los pacientes” a los servicios de asistencia religiosa católica.
Que la cláusula 5ª, apartados 1 y 2, del convenio suscrito, altera el organigrama de los centros hospitalarios establecido en el R.D. 521/1987, de 15 de abril, al crear una estructura ajena al hospital, el servicio de asistencia religiosa católica, que tiene un funcionamiento autónomo, dependiendo el nombramiento y cese de su personal así como el contenido y forma de prestar asistencia, de la jerarquía eclesial y no de la Gerencia a la que queda sólo nominalmente adscrita (cláusula 6ª).
Por todo lo que antecede, la ADHSO, integrada por personas que han sufrido el ataque injustificable de los sectores más fundamentalistas del PP de Madrid, consideramos que el acuerdo firmado por el consejero Güemes es un paso más en el retroceso de los valores y derechos democráticos de los madrileños, que nos retrotrae a épocas de palio y pensamiento único que parecen añorar los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y que desmienten el presunto carácter “liberal” del que hacen gala recientemente.
Este nuevo atropello a la libertad individual pretende una vez más, acallar el debate social sobre el derecho ciudadano a decidir sobre la propia muerte, imponiéndonos unas creencias y valores morales determinados que el conjunto de la sociedad no comparte.
Reclamamos del Gobierno de la Nación las acciones encaminadas a evitar este nuevo atentado a los derechos fundamentales y pedimos a las organizaciones sociales, sindicales y políticas e incluso a los sectores católicos que abominan de planteamientos como los expresados por el obispo emérito de Pamplona en relación con la muerte y el sufrimiento, que se posicionen públicamente en contra del convenio suscrito por la Comunidad y el obispado de Madrid.
En Leganés a 26 de abril de 2008.
Junta Directiva de la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa
Doctores.: Javier Martínez Salmeán, Luís Montes Mieza, Joaquín Insausti, Frutos del Nogal, Fernando Pérez Iglesias y Fernando Soler Grande
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